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	Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Artículo 85. Subvenciones al transporte aéreo para residentes en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Uno. Se autoriza al Gobierno de la Nación para que durante 1999 modifique la cuantía de las subvenciones al transporte aéreo para residentes en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, actualmente vigentes, o en su caso, reemplace dicho régimen por otro sistema de compensación. Esta modificación o cambio nunca podrá suponer una disminución de la ayuda prestada o un deterioro en la calidad del servicio.

Dos. En ningún supuesto se podrá bonificar el mayor importe que sobre las tarifas ordinarias supongan los precios de los billetes de clase preferente o superior.

Tres. En todo caso, para la Comunidad Autónoma de Canarias se estará a lo regulado en el artículo 6 de la Ley 19/1994, de 6 de junio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Artículo 86. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres:

Uno. El artículo 168, apartado 1, letra b, queda redactado de la siguiente forma:

Dos. En los apartados 1 y 2 del artículo 170 se sustituye el término los particulares por los interesados.

Artículo 87. Procedimientos de disciplina de tráfico aéreo en materia de ruido.

Uno. Mediante circular aeronáutica se fijarán los procedimientos de disciplina de tráfico aéreo en materia de ruido que las aeronaves civiles deberán seguir, en las fases de despegue y ascenso, en las de aproximación y aterrizaje y durante las fases previas y posteriores al vuelo en los aeropuertos.

Lo previsto en tales procedimientos será exigible una vez publicada oficialmente la circular aeronáutica que los apruebe y, además, tras que hayan sido hechos públicos en las publicaciones de información aeronáutica previstas en las normas reguladoras de la circulación aérea.

Dos. Asimismo, en el pilotaje de aeronaves civiles deberán respetarse los procedimientos a que se refiere el apartado anterior.

Tres. Los procedimientos de disciplina de tráfico aéreo en materia de ruido aprobados específicamente para cada aeropuerto, deberán tener en cuenta los elementos con trascendencia acústica, las características físicas y de configuración del aeropuerto, el equipamiento de las ayudas a la navegación que soporten el guiado de los aviones y las características y limitaciones de los aviones afectados. Mediante dichos procedimientos podrán determinarse:

1. Las restricciones temporales de utilización del aeropuerto.

2. Las restricciones a la operación de aeronaves con base en la categoría acústica o niveles de ruido de las mismas.

3. Las restricciones de uso de las distintas rutas establecidas de aproximación o salida, en función de las características y equipamiento de las aeronaves.

4. Las restricciones de sobrevuelo o de altitud en zonas de especial sensibilidad acústica.

5. Las restricciones a la utilización de reversa cuando no resulte justificado por razones de seguridad.

6. Las restricciones por razón de horario o situación al uso de las unidades auxiliares de potencia.

7. Las restricciones para la realización de pruebas de motores.

8. Los niveles máximos de ruido establecidos en puntos de las trayectorias o cercanos al aeropuerto.

9. Las desviaciones máximas permitidas respecto de las rutas en las que se presten servicios de tránsito aéreo definidas para cada maniobra, incluyendo las alturas a partir de las cuales se podrán permitir desviaciones mayores.

10. Los métodos de abatimiento del ruido que requieran una combinación de medidas que afecten a las actuaciones del avión, como el uso de dispositivos hipersustentadores de borde de salida (flaps), potencias reducidas, pendientes de ascenso y otras, tendentes a disminuir el ruido, dentro de los límites que permitan los manuales de vuelo de las aeronaves afectadas.

Cuatro. En todo caso deberán respetarse las limitaciones establecidas por las disposiciones vigentes sobre el uso de aviones de reacción subsónicos.

Artículo 88. Infracciones y sanciones administrativas.

Artículo 89. Responsables.

Artículo 90. Competencia para imponer las sanciones.

Artículo 91. Procedimiento sancionador.

Artículo 92. Precio de venta al público de determinados libros de texto y material didáctico complementario.

Uno. Podrá aplicarse un descuento máximo del 12 % sobre el precio de venta al público de los libros de texto y del material didáctico complementario editados principalmente para el desarrollo y aplicación de los currículos correspondientes a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria.

Dos. Entre los materiales didácticos a los que se refiere este artículo quedan comprendidos tanto los materiales complementarios para uso del alumno como los de apoyo para el docente. Estos materiales podrán ser impresos o utilizar otro tipo de soporte.

No tendrán el carácter de material didáctico complementario, a los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, los que no desarrollen específicamente el currículo de una materia, aunque sirvan de complemento o ayuda didáctica, tales como diccionarios, atlas, libros de lecturas, medios audiovisuales o instrumental científico.

Tres. Lo dispuesto en el apartado uno será aplicable cualquiera que sea la edición, reedición o reimpresión.

Artículo 93. Modificación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General de Sistema Educativo.

Se añade un párrafo a la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, con el siguiente texto:

Artículo 94. Modificación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.

Uno. La rúbrica del artículo 11 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactada del siguiente modo: Condiciones que pueden imponerse a los titulares de las autorizaciones generales.

Dos. El artículo 17, apartado 1, segundo y tercer párrafo, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, quedan redactados del siguiente modo:

Tres. El artículo 22, apartado 2 primer párrafo, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactado del siguiente modo:

Cuatro. El último inciso del primer párrafo del artículo 33 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactado del siguiente modo:

Cinco. El artículo 34, apartado 1, cuarto párrafo, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactado del siguiente modo:

Seis. La rúbrica del artículo 60 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactada del siguiente modo: Condiciones que deben cumplir los instaladores.

Siete. El primer inciso del párrafo quinto del artículo 62 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactado del siguiente modo:

Ocho. El apartado 3 del artículo 63, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactado del siguiente modo:

Nueve. El artículo 82, apartado 1, letra A, primer inciso, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactado del siguiente modo:

Diez. El artículo 82, apartado 1, letra B, primer inciso, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactado del siguiente modo:

Once. El contenido del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 82, pasa a ser el apartado 3 del mismo artículo, y el contenido de los apartados 3 y 4 del artículo 82 pasan a ser los apartados 4 y 5 del mismo artículo.

Doce. La disposición adicional tercera, apartado 2, letra A, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactada del siguiente modo:

Trece. La disposición transitoria primera, apartado 5, letra d, segundo párrafo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactada del siguiente modo:

Catorce. El primer inciso del párrafo primero de la disposición transitoria cuarta, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactado del siguiente modo:

Artículo 95. Modificación de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales:

Uno. El artículo 4.2, primer inciso, quedará redactado del siguiente modo:

Dos. El artículo 15, apartado 3, párrafo primero, quedará redactado del siguiente modo:

Tres. El artículo 18.1.B), último párrafo, quedará redactado del siguiente modo:

Cuatro. El primer inciso del artículo 22, queda redactado del siguiente modo:

Cinco. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 26 recibirá la siguiente redacción:

El párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 26 recibirá la siguiente redacción:

El párrafo noveno del mismo apartado recibirá la siguiente redacción:

Seis. Los apartados b) y c) del artículo 27 quedarán redactados del siguiente modo:

Siete. El párrafo primero del artículo 28 quedará redactado como sigue:

Ocho. El artículo 30.1, párrafo primero segundo inciso, quedará redactado del siguiente modo:

Nueve. El último inciso del apartado 3 del artículo 30, queda redactado como sigue:

Diez. El texto del primer inciso del apartado 1 de la disposición transitoria segunda, quedará como sigue:

Once. El apartado 3 de la disposición transitoria segunda, queda redactado del siguiente modo:

Artículo 96. Modificación de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada.

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada:

Uno. El artículo 17.2 queda redactado del siguiente modo:

Dos. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:

Tres. El artículo 21 queda redactado del siguiente modo:

Cuatro. Las referencias que se hacen en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, deberán entenderse realizadas al Ministerio de Fomento.

Artículo 97. Infracciones y sanciones aplicables en lo relativo al régimen de la tasa suplementaria de la cuota láctea.

Uno. Se considerarán muy graves las siguientes infracciones administrativas de los compradores:

1. No presentar la declaración anual de compras.

2. No retener a los ganaderos productores los importes correspondientes a las entregas de leche que sobrepasen sus correspondientes cantidades individuales de referencia o incumplir su deber de repercutir y cobrar a dichos ganaderos el importe adeudado de la tasa liquidada, salvo en los supuestos en que la normativa aplicable se la impute directamente a los compradores e impida que repercutan su importe a los ganaderos.

3. No ingresar los importes de las cantidades retenidas a cuenta en concepto de anticipo sobre la tasa suplementaria o el importe adeudado de la tasa.

4. No conservar la documentación obligatoria durante el plazo reglamentariamente establecido.

5. No presentar declaración o presentar declaraciones falsas, incompletas o inexactas, incluso a título de simple negligencia, siempre que las mismas se refieran a datos que sean de trascendencia para la eficacia de la gestión del régimen de la tasa láctea, y de las mismas se derive un volumen no declarado que supere al declarado en más del 50 %.

Dos. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves para los compradores las siguientes:

1. Presentar declaraciones falsas, incompletas o inexactas, incluso a título de simple negligencia, siempre que las mismas se refieran a datos que sean de trascendencia para la eficacia de la gestión de la tasa láctea.

2. No identificar documentalmente, en la forma que reglamentariamente se establezca, cada entrega individual de leche u otros productos lácteos.

3. Ingresar, sin requerimiento de la Administración, fuera de los plazos y condiciones establecidos por la normativa vigente, los importes de las cantidades retenidas a cuenta o el importe adeudado de la tasa, en su caso.

4. No comunicar a la autoridad competente las altas y bajas de los productores que efectúen sus entregas.

5. Comprar o entregar leche o productos lácteos destinados a su comercialización sin contar con la debida autorización administrativa.

6. No comunicar, de manera fehaciente, a la Administración que se han dejado de cumplir los requisitos necesarios para la concesión de la autorización administrativa.

7. No determinar, al menos una vez al mes, el porcentaje de materia grasa contenida en la leche entregada o no reflejar documentalmente las determinaciones efectuadas.

8. La ausencia o retraso reiterado en la remisión de la declaración mensual. A estos efectos, se considera reiteración tres ausencias o retrasos en la declaración durante un período de doce meses.

9. No facilitar a los productores los certificados que sean preceptivos.

10. No exigir a los productores que efectúen entregas de leche u otros productos lácteos a varios compradores durante un período de tasa determinado, un certificado del o de los otros compradores en el que figuren las entregas realizadas a éstos y el porcentaje medio de grasa de aquéllas.

11. La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la autoridad competente relativas a la gestión, inspección o recaudación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los otros productos lácteos y, en particular, al suministro de datos, informes o antecedentes.

12. No conservar durante el período de tiempo establecido reglamentariamente la documentación contable preceptiva.

13. El incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad exigida por la normativa de la tasa.

14. La llevanza de contabilidades diversas referidas a un mismo período de tasa que no permitan conocer la verdadera situación del comprador.

Tres. Se considerarán leves las siguientes infracciones administrativas de los compradores de leche y productos lácteos:

1. No utilizar su número de inscripción del Registro General de compradores en los documentos relacionados con la tasa suplementaria.

2. No facilitar a la autoridad competente copia de los certificados de las retenciones efectuadas a los productores, cuando éstos cambien de comprador.

3. No requerir al productor que le entrega leche por primera vez los documentos exigibles de acuerdo con la normativa vigente.

4. No comunicar al ganadero productor, al menos una vez al mes, el volumen de la leche o de los equivalentes de leche, en función de su contenido de materia grasa, entregados desde el inicio del período de tasa así como la cantidad de referencia disponible para el resto de dicho período.

5. No reflejar en las facturas que expida al productor el importe de la retención a cuenta aplicada de acuerdo con la normativa vigente.

6. En general, el retraso en la presentación de declaraciones preceptivas ante la Administración competente o el facilitar a la Administración datos exigidos por la normativa vigente fuera del plazo establecido al efecto, cuando el hecho no constituya infracción administrativa conforme a otro precepto.

7. La presentación de declaraciones incompletas ante la Administración pública competente o la consignación en ellas de datos falsos o inexactos, cuando no constituya infracción grave o muy grave.

Cuatro. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 3.000 euros más la mitad del importe que resulte de multiplicar la cantidad de leche a que afecte la comisión de la infracción por el importe a que ascienda la tasa suplementaria fijada para el período en que se hubiera cometido la infracción.

Cinco. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 2.000 euros más la quinta parte del importe que resulte de multiplicar la cantidad de leche a que afecte la comisión de la infracción por el importe a que ascienda la tasa suplementaria fijada para el período en que se hubiera cometido la infracción, excepto en la contemplada en la letra c del apartado dos, para la cual se abonará un recargo del 20 % más los intereses de demora correspondientes.

Seis. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 1.000 euros más la décima parte del importe que resulte de multiplicar la cantidad de leche a que afecte la comisión de la infracción por el importe a que ascienda la tasa suplementaria fijada para el período en que se hubiere cometido la infracción.

Siete. Se considerarán graves las siguientes infracciones administrativas de los productores de leche y productos lácteos, con cantidad de referencia para la venta directa:

1. No llevar la contabilidad que refleje el volumen de leche despachada al consumo o vendida a mayoristas o minoristas, o de los productos lácteos fabricados en la explotación.

2. La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la autoridad competente relativas a la gestión, inspección o recaudación de la tasa suplementaria.

3. No presentar la preceptiva declaración anual, incluso cuando no se hayan realizado ventas.

4. Presentar declaraciones falsas, incompletas o inexactas, incluso a título de simple negligencia, siempre que las mismas se refieran a datos que sean de trascendencia para la eficacia de la gestión de la tasa láctea.

5. No conservar la documentación obligatoria durante el plazo reglamentariamente establecido.

Ocho. Se considerarán graves las siguientes infracciones administrativas de los productores de leche y productos lácteos, con cantidad de referencia para entregas a compradores:

1. No facilitar al comprador al que realizan entregas la documentación justificativa de su cantidad de referencia en la forma exigida por la normativa vigente.

2. La no comunicación de los datos preceptivos o la no presentación de los documentos exigidos por la normativa vigente en el caso de cambio de comprador o cuando efectúen entregas a varios compradores en un mismo período de tasa.

3. La no presentación de las declaraciones que sean preceptivas.

4. La presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, incluso a título de simple negligencia, siempre que las mismas se refieran a datos que sean de trascendencia para la eficacia de la gestión de la tasa láctea.

5. No conservar la documentación obligatoria durante el plazo reglamentariamente establecido.

6. La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la autoridad competente relativas a la gestión, inspección o recaudación de la tasa suplementaria.

7. Realizar entregas de leche u otros productos lácteos a un comprador no autorizado.

Nueve. Se considerará como infracción leve de los productores de leche y productos lácteos la presentación de declaraciones incompletas ante la Administración pública competente o la consignación en ellas de datos falsos o inexactos, cuando no constituya infracción grave.

Diez. Las infracciones establecidas en los apartados siete y ocho se sancionarán con multa de 1.000 euros más la quinta parte del importe que resulte de multiplicar la cantidad de leche a que afecte la comisión de la infracción por el importe a que ascienda la tasa suplementaria fijada para el período en que se hubiere cometido la infracción.

Once. Será considerado comprador, a los efectos de este artículo, cualquier operador del sector que no acredite fehacientemente el origen de la leche o de otros productos lácteos que haya comercializado.

Doce. Las sanciones reguladas en Reglamentos comunitarios que supongan la retirada de la autorización de comprador conllevarán la accesoria de inhabilitación para volver a solicitarla, por sí mismo o por terceros, durante los dos años siguientes a la fecha de su retirada efectiva.

Artículo 98. Infracciones y sanciones aplicables al régimen de la cuota láctea.

Uno. Se considerará infracción muy grave el incumplimiento por los productores de leche y de productos lácteos de las obligaciones y compromisos derivados de la ejecución de los programas nacionales de abandono indemnizado de la producción lechera.

Dos. Se considerarán graves las siguientes infracciones administrativas:

1. La no presentación de los documentos exigidos por la normativa vigente en caso de que el productor efectúe entregas a varios compradores durante un período de tasas determinado o en caso de cambios de comprador o compradores.

2. La presentación de declaraciones o consignación de datos falsos o inexactos por negligencia grave ante la Administración pública competente.

3. La transferencia o cesión de la totalidad o parte de su cantidad de referencia individual antes del transcurso de cinco años desde que hubieran recibido una asignación de la reserva nacional.

4. La transferencia o abandono indemnizado de cantidad de referencia por los productores que no hubieran comercializado leche o productos lácteos en el período inmediatamente anterior.

5. La transferencia de cantidad de referencia individual por el arrendatario o figura análoga de una explotación con cantidad de referencia, sin la conformidad del propietario de la misma.

6. La transferencia de cantidades de referencia individuales de los productores que hayan adquirido cantidades desvinculadas de la explotación sin que hubiesen transcurrido cinco años desde esa adquisición, salvo casos de fuerza mayor.

7. La realización por el cedente de cantidades de referencia de alguna de las siguientes actuaciones durante el periodo de duración de la cesión:

• La transferencia inter vivos a terceros de las cantidades de referencia cedidas.

• El abandono indemnizado de la producción de las cantidades de referencia cedidas.

• La adquisición mediante transferencia de cantidades de referencia, salvo que la normativa vigente lo permita.

8. La transferencia o cesión por el cesionario de cantidades de referencia durante el período de duración de la cesión.

9. La transferencia o cesión temporal de las cantidades procedentes de la reserva nacional.

Tres. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 6.010 a 30.050 euros.

Cuatro. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 150 a 6.009 euros.

Cinco. Las sanciones previstas en este artículo se entenderán sin perjuicio de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, en su caso.

Seis. El importe de las multas previstas en los apartados anteriores se modularán en función de la cantidad de referencia asignada a cada productor y del número de vacas de su explotación.

Artículo 99. Creación de Sociedades mercantiles estatales para la ejecución de obras e infraestructuras de modernización y consolidación de regadíos.

Uno. En el marco de lo previsto en el Plan Nacional de Regadíos vigente en cada momento y sin perjuicio de la celebración de convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y Comunidades de Regantes para determinar su participación en la financiación y ejecución de las obras previstas en el precitado Instrumento de Planificación, el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Economía y Hacienda, podrá autorizar la creación de sociedades mercantiles estatales para la ejecución de obras e infraestructuras concretas de modernización y consolidación de regadíos, dentro de un ámbito territorial delimitado en el acuerdo de creación de la correspondiente sociedad.

Dos. Las sociedades que se creen al amparo de este precepto tendrán por objeto:

1. La financiación en concurrencia con la iniciativa privada de las obras de modernización y consolidación de los regadíos que se contemplen en el ámbito del Plan Nacional de Regadíos.

2. La promoción, contratación y explotación, en su caso, de las obras mencionadas en el párrafo anterior, en la forma en que se determine en sus normas de creación y estatutos.

3. La coordinación de las actividades relacionadas con las referidas obras.

Tres. Las relaciones de las sociedades que se creen con las Administraciones Públicas y con las Comunidades de Regantes se regularán mediante los correspondientes convenios, en los que se preverán la forma de financiación de las obras de modernización y consolidación de regadíos incluidas en el Plan Nacional de Regadíos vigente en cada momento y el régimen de explotación de los mismos.

Artículo 100. Declaración de interés general de determinadas obras de regadío.

Uno. Se declaran de interés general las siguientes obras:

1. Obras de mejora y modernización del regadío de la Comunidad General de Regantes de Riegos de Levante, Margen izquierda, en los términos municipales de Alicante, Albatera, Crevillente, Elche, Guardamar y otros.

2. Obras incluidas en el Proyecto Integrado de Mejora y Modernización de los Regadíos de la Bastida-Briñas, Ávalos-San Vicente de la Sonsierra, La Guardia-Navandas-El Ciego, y otros, en la margen izquierda del Ebro.

3. Obras de transformación y puesta en riego de la zona regable del Iregua.

Dos. Las obras incluidas en este artículo llevarán implícitas las declaraciones siguientes:

1. La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

2. La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 101. Declaración de interés general de determinadas obras hidráulicas.

Uno. A efectos de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se declaran como obras hidráulicas de interés general las siguientes:

1. El Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales del Alto Deba (Guipúzcoa).

2. La Desaladora de Agua de Mar de Carboneras (Almería>

3. Las obras del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias en materia de Infraestructuras Hidráulicas y de Calidad de las Aguas, de fecha 30 de diciembre de 1997, relacionadas a continuación:

• Balsa de Trevejos (Tenerife).

• Colectores Generales de Saneamiento del Valle de la Orotava (Tenerife).

• Trasvase Teno-Adeje (Tenade). Tenerife.

• Sistema hidráulico de La Viña (Embalse de las Rosas). La Palma.

• Balsas de regulación para abastecimiento a medianías. Gran Canaria.

• Mejora del abastecimiento urbano de la Isla de La Gomera. La Gomera.

• Abastecimiento urbano al Noroeste de Tenerife. Tenerife.

• Aducción general del abastecimiento del Área metropolitana de La Laguna. Tenerife.

4. La Regulación de la Rambla Cerverola y la Regulación de Excedentes Invernales para la recarga artificial de acuíferos en Vall d'Uxó.

Dos. Las obras incluidas en este artículo llevarán implícitas las declaraciones siguientes:

1. La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

2. La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 102. Regulación de las profesiones de Enólogo, Técnico Especialista en Vitivinicultura y Técnico en Elaboración de Vinos.

Uno. Se regula la profesión de Enólogo para la que se exigirá el título universitario de Licenciado en Enología establecido mediante el Real Decreto 1845/1996, de 26 de julio.

Los Enólogos tienen la capacidad profesional para realizar el conjunto de actividades relativas a los métodos y técnicas de cultivo de viñedo y la elaboración de vinos, mostos y otros derivados de la vid, el análisis de los productos elaborados y su almacenaje, gestión y conservación. Asimismo se les reconoce la capacidad para realizar aquellas actividades relacionadas con las condiciones técnico-sanitarias del proceso enológico y con la legislación propia del sector y aquellas actividades incluidas en el ámbito de la investigación e innovación dentro del campo de la viticultura y de la enología.

Dos. Se regula la profesión de Técnico Especialista en Vitivinicultura, para la que se exigirá el título de Técnico Superior en Industria Alimentaria, establecido mediante el Real Decreto 2050/1995, de 22 de diciembre, correspondiente a las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior, o el título de Técnico Especialista en Viticultura y Enotecnia, establecido mediante el Real Decreto 2329/1977, de 29 de julio, correspondiente a estudios de Formación Profesional de Segundo Grado, con capacidad y responsabilidad respecto de la producción de uva, el control de la calidad y la preparación, elaboración y fabricación de vinos, mostos y otros derivados de la vid, mediante la utilización de las técnicas y procedimientos previstos en la normativa propia.

Tres. Se regula la profesión de Técnico en Elaboración de Vinos, para la que se exigirá el título de Técnico en Elaboración de Vinos y otras Bebidas, correspondiente a estudios de Formación Profesional de grado medio, con capacidad para realizar las operaciones de elaboración, crianza y envasado de vinos y otras bebidas en las condiciones establecidas en los manuales de procedimiento y calidad, así como para manejar la maquinaria y equipos correspondientes y efectuar su mantenimiento de primer nivel.

Cuatro. Lo establecido en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias profesionales de los Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas, no afecta a la situación ni a los derechos de quienes, a la entrada en vigor de la misma, acrediten de forma fehaciente, y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, que han ejercido la profesión durante un período de tiempo de cinco años.

El Reglamento que se dicte en aplicación de esta Ley contemplará dichas situaciones transitorias y posibilitará su habilitación para el desarrollo de las mencionadas profesiones.

Artículo 103. Enfermedades agropecuarias de alta transmisibilidad.

Uno. Con el fin de mantener las debidas garantías sanitarias que eviten o impidan de manera eficaz la extensión de eventuales epizootias, el Gobierno regulará mediante Real Decreto el régimen jurídico básico administrativo y sanitario correspondiente al traslado, desplazamiento, transporte y movimiento pecuario dentro del territorio nacional entre Comunidades Autónomas.

Dos.

Tres.

Cuatro.

Artículo 104. Modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Artículo 105. Fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior.

Uno. El fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior (FCM) constituye un instrumento financiero en virtud del cual el Gobierno puede disponer de los fondos necesarios para otorgar los microcréditos destinados a la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y a la ejecución de proyectos de desarrollo social básico, a que se refiere el artículo 28.1 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Dos. El Fondo tendrá una dotación inicial de 12.000 millones de pesetas a la que se adicionará el importe de los microcréditos que, durante el ejercicio 1998, se hayan concedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al amparo de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la citada Ley 23/1998.

Tres. El Gobierno, dentro del importe máximo de la dotación que fije al FCM la Ley de Presupuestos de cada año, además de atender a las obligaciones de pago de los microcréditos otorgados, compensará anualmente al Instituto de Crédito Oficial por los gastos en que incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomiende en relación al fondo y atenderá los gastos de evaluación, seguimiento e inspección de los distintos proyectos financiados con el FCM.

Cuatro. Para la cobertura de las necesidades financieras anuales del FCM, además de la dotación presupuestaria que cada año, en su caso, se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se utilizarán los recursos procedentes de las devoluciones de los microcréditos concedidos, así como el de los intereses y comisiones devengados y cobrados de aquellos.

Cinco. Además de establecer las dotaciones que anualmente vayan incorporándose al FCM, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado fijarán el importe máximo de las operaciones que podrán ser autorizadas en cada ejercicio con cargo al referido Fondo.

Seis. Todas las operaciones de activo del FCM, así como la compensación anual al Instituto de Crédito Oficial, habrán de ser previamente autorizadas por el Consejo de Ministros.

La Administración del FCM se llevará a cabo por su Comité Ejecutivo, cuya composición y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente. Asimismo, evaluará y, en su caso, aprobará las propuestas formuladas por la gestora del Fondo con carácter previo a su autorización por el Consejo de Ministros.

El Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nombre y representación del Gobierno español y por cuenta del Estado, los correspondientes convenios de microcréditos; igualmente, prestará los servicios de instrumentación técnica, contabilidad, caja, control, cobro y recuperación y en general todos los de carácter financiero relativos a las operaciones de activo autorizadas con cargo al FCM, sin perjuicio de las competencias que en materia de control se establecen por el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y demás normativa legal vigente.

Artículo 106. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Se modifica el apartado 1 del artículo 33 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 107. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

La disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, queda redactada en los siguientes términos:

Artículo 108. Modificación de los artículos 21, 27, 93 y la disposición transitoria quinta de la Ley 34/1988, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 21 que queda redactado en los siguientes términos:

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 27 que queda redactado en los siguientes términos:

Tres. Se modifica el artículo 93, que queda redactado en los siguientes términos:

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 1 bis a la disposición transitoria quinta con la siguiente redacción:

Artículo 109. Modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte:

Uno. Se modifica el artículo 8 en sus apartados o) y r) que pasan a tener el siguiente contenido:

Dos. Se modifica el artículo 20 en su párrafo primero que pasa a tener el siguiente contenido:

Tres. Se modifica el artículo 21 en su párrafo tercero que pasa a tener el siguiente contenido:

Cuatro. El artículo 22 pasa a quedar redactado como sigue:

Cinco. El artículo 23 quedará redactado como sigue:

Seis. Se modifica el artículo 24 que quedará redactado como sigue:

Siete. Se modifica el artículo 26 que pasa a tener el siguiente contenido:

Ocho. Se modifica el artículo 27 que tendrá un único párrafo con el siguiente contenido:

Nueve. Se modifica el número 6 del artículo 48, que queda redactado como sigue:

Diez. Añadir un nuevo apartado 7 al artículo 48, con la siguiente redacción:

Once. Se introduce un número 3 en el artículo 49, con la siguiente redacción:

Doce. El Título V pasa a denominarse El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Españoles.

Trece. Se modifica el artículo 76 en sus párrafos primero, letra e) y sexto y se añade un nuevo párrafo séptimo:

Catorce. Se añaden tres nuevos párrafos al artículo 79 con el siguiente tenor:

Quince. Se añade un nuevo párrafo quinto a la disposición adicional séptima:

Dieciséis. Se deroga la disposición adicional undécima, que queda sin contenido.

Diecisiete. Se añade una disposición transitoria sexta con el siguiente contenido:

Dieciocho. Se añade una nueva disposición final quinta, con la siguiente redacción:

Diecinueve. Se añade una disposición final sexta con el siguiente contenido:

Artículo 110. Modificación de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.

Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 22 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, que quedará redactado como sigue:

Artículo 111. Fundaciones Públicas Sanitarias.

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, para la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrán crearse cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho y, entre ellas, las fundaciones públicas sanitarias, que se regulan por las disposiciones contenidas en el presente artículo, por lo que se refiere al ámbito del Instituto Nacional de la Salud, y por la normativa específica de cada Comunidad Autónoma, en lo referente a las fundaciones públicas sanitarias que se puedan crear en sus respectivos ámbitos territoriales.

2. Las fundaciones públicas sanitarias son organismos públicos, adscritos al Instituto Nacional de la Salud, que se regirán por las disposiciones contenidas en este artículo.

3. La constitución, modificación y extinción de las fundaciones públicas sanitarias, así como sus correspondientes estatutos, serán aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo. Al proyecto de acuerdo se acompañará el plan inicial de actuación al que se refiere el apartado siguiente.

4. El plan inicial de actuación de las fundaciones públicas sanitarias será aprobado por la Presidencia Ejecutiva del INSALUD, e incluirá los siguientes extremos:

1. Los objetivos que la entidad deba alcanzar.

2. Los recursos humanos, financieros y materiales precisos para su funcionamiento.

5. El personal al servicio de las fundaciones públicas sanitarias, con carácter general, se regirá por las normas de carácter estatutario, relativas al personal de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Asimismo, podrá incorporarse personal que ostente vinculación de carácter funcionarial o laboral, al que le será de aplicación su propia normativa.

6. El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, podrá contratarse conforme al régimen laboral de alta dirección, previsto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. Si la designación recae en quien ostente vinculación como personal estatutario fijo o funcionario de carrera, podrá efectuarse nombramiento a través del sistema de libre designación.

7. El régimen de contratación respetará, en todo caso, los principios de publicidad y libre concurrencia, y se regirá por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos de las Administraciones públicas.

8. Las fundaciones públicas sanitarias dispondrán de su propio patrimonio y podrán tener bienes adscritos por la Administración General del Estado o por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por lo que respecta a los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que se les adscriban, serán objeto de administración ordinaria por las fundaciones públicas sanitarias, a cuyos efectos se les atribuyen los mismos derechos y obligaciones que a las Entidades gestoras de la Seguridad Social.

En lo que respecta a su propio patrimonio podrán adquirir a título oneroso o gratuito, poseer, arrendar bienes y derechos de cualquier clase, que quedarán afectados al cumplimiento de sus fines. Las adquisiciones de bienes inmuebles, así como las enajenaciones de bienes inmuebles propios, requerirán el previo informe favorable de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud.

9. Los recursos económicos de las fundaciones públicas sanitarias podrán provenir de cualesquiera de las fuentes previstas en el artículo 65.1 de la Ley 6/1997, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

10. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero, será el establecido en la Ley General Presupuestaria para las entidades públicas empresariales.

11. Las fundaciones públicas sanitarias se regirán en lo no previsto en el presente artículo por lo dispuesto para las entidades públicas empresariales en la Ley 6/1997, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

Uno. En el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, se suprime la expresión:

Dos. Se de nueva redacción al guión quinto del párrafo cuarto de la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones:

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Integración en el Régimen General de la Seguridad Social del personal de la Comunidad Foral y de las Entidades Locales de Navarra.

Se autoriza al Gobierno para que proceda, en el plazo de seis meses, a la integración en el Régimen General de la Seguridad Social, y en los términos que reglamentariamente se establezcan, al personal de la Administración de la Comunidad Foral y de las Entidades Locales de Navarra excluido de la extinguida Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local a tenor de lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional tercera de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, en la redacción dada por la disposición adicional del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

El número 2 del artículo 241 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, queda redactado de la forma siguiente:

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.

Reforma de la disposición adicional quinta, apartado 2, de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que queda redactada como sigue:

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Asistencia jurídica a sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal.

Uno. Mediante la formalización del oportuno convenio, podrá encomendarse a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado la asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio, de las sociedades mercantiles estatales así como de las fundaciones cuya dotación hubiera sido aportada, en todo o en parte, por el Estado, sus Organismos autónomos o Entidades públicas.

Dos. En dicho convenio deberá preverse la contraprestación económica a satisfacer por la sociedad o fundación al Estado, que se ingresará en el Tesoro Público.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Cesión a las Entidades Locales de créditos hipotecarios concedidos por el Instituto Nacional de la Vivienda.

Se ceden a las Corporaciones o Entes Locales y a los Organismos Autónomos dependientes de ellas competentes en materia de vivienda, los créditos hipotecarios que fueron concedidos en su día por el Instituto Nacional de la Vivienda, para financiar la construcción de viviendas de protección oficial de promoción privada, realizada por las propias Corporaciones o Entes Locales, de acuerdo con las Leyes de 19 de abril de 1939 y de 15 de julio de 1954, subrogándose en consecuencia dichos Entes en la posición jurídica del Estado respecto de los citados créditos.

Todos los gastos motivados por operaciones de cancelación e inscripción que requieran pagos a terceros serán abonados por dichos Entes.

Los recursos provenientes del retorno de dichos créditos deberán reinvertirse en la promoción pública de viviendas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Fianzas de arrendamientos depositadas en el antiguo Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.

El Ministerio de Fomento abonará a las Comunidades Autónomas en un plazo máximo de veinte años los compromisos financieros pendientes derivados de las fianzas de arrendamientos en régimen de concierto depositadas en el antiguo Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda (I.P.P.V.) y traspasadas a las Comunidades Autónomas en virtud de los Reales Decretos de traspaso de competencias en materia de vivienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Préstamos de la extinguida Delegación Nacional de Educación Física y Deportes a entidades y clubes no profesionales.

Se condonan las deudas pendientes derivadas de los préstamos otorgados por la extinguida Delegación Nacional de Educación Física y Deportes a entidades y clubes no profesionales, cuyo principal hubiera sido contraído con anterioridad al 1 de abril de 1977, para el fomento de la construcción y mejora de instalaciones y equipamientos deportivos, y que no hayan sido incluidas en planes de saneamiento de deportes profesionales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Plazo de adaptación de estatutos de Fundaciones.

Las Fundaciones que no hayan adaptado sus estatutos a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, según establece el número 1 de su disposición transitoria segunda, podrán hacerlo en el plazo de dos años, contado a partir de la entrada en vigor de la presente disposición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Programa del Fomento de Empleo.

Durante 1999 continuará siendo de aplicación la disposición adicional sexta de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en relación con el artículo 44 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en lo relativo a los trabajadores discapacitados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Modificación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos.

El artículo 38.1, segundo párrafo, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, queda redactado de la siguiente manera:

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Modificación de Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Plazo para la adaptación de los compromisos por pensiones de las empresas con su personal a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

Para la adaptación de los compromisos por pensiones de las empresas con su personal a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones, el plazo previsto en las disposiciones transitorias decimocuarta, apartado 1, y decimoquinta, apartados 1 y 2, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, se extenderá hasta el 1 de enero del año 2001.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Modificación de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados.

Se suprime la letra b) del número 2 del artículo 15 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. Modificación de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA. Modificación de la Ley 70/1980, de 16 de diciembre, por la que se modifican las fechas de referencia para la formación de los Censos Generales de la Nación y de Renovación del Padrón Municipal de Habitantes.

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 70/1980, de 16 de diciembre, por la que se modifican las fechas de referencia para la formación de los Censos Generales de la Nación y de Renovación del Padrón Municipal de Habitantes:

Uno. El artículo 1 queda redactado de la forma siguiente:

Dos. El artículo 2 queda redactado de la forma siguiente:

Tres. El artículo 3 queda redactado de la forma siguiente:

Cuatro. Queda suprimido el artículo 4.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA. Justificación del mantenimiento del derecho al disfrute de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.

En el plazo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las empresas que disfruten de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social por aplicación de las normas que a continuación se detallan deberán acreditar, ante el Instituto Nacional de Empleo, el mantenimiento del derecho a bonificación, aportando la documentación justificativa que se determine por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La no acreditación del derecho a los indicados beneficios supondrá la pérdida automática de los mismos, a partir del mes siguiente en que vence el plazo de tres meses referidos en el párrafo anterior.

Lo establecido en esta disposición es aplicable a las bonificaciones nacidas y disfrutadas como consecuencia de las siguientes normas:

• Decreto 1293/1970, de 30 de abril, sobre empleo de trabajadores mayores de 40 años.

• Decreto 1377/1975, de 12 de junio, que modifica el Decreto 1293/1970, de 30 de abril, sobre empleo de trabajadores mayores de 40 años.

• Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que regula diversas medidas de fomento de empleo.

• Real Decreto 3239/1983, de 28 de diciembre, sobre beneficios a empresas por contratación de trabajadores mayores de 45 anos.

• Real Decreto 799/1985, de 25 de mayo, por el que se incentiva la contratación de jóvenes y se extiende esta medida a determinados programas y contratos vigentes.

• Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, que regula el contrato a tiempo parcial, el contrato de relevo y la jubilación parcial.