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La Constitución Española de 1978 en su XXV aniversario: una obra antológica | |
De: Manuel Balado
Fecha: Febrero 2003
Origen: Editorial Bosch
Jefes de Estado y de Gobierno, representantes de la Unión Europea, de los órganos constitucionales y de más de cincuenta universidades, hacen balance de cinco lustros de historia una Constitución pensada, escrita y vivida.
Tras la caída de la Segunda República y con ella, de la legitimidad democrática, la Constitución de 1978 ha sido, bajo los auspicios de la Corona, el único período constitucional de normalidad y estabilidad política en la historia de España.
En el año 2003 se conmemora el 25 aniversario de la Constitución Española. Esta efemérides ha llevado a la elaboración, durante más de tres años, de una obra colectiva dirigida conjuntamente por el Institut International des Sciences Politiques y el Centro Internacional de Estudios Políticos, y editada por Bosch, con adscripción de los beneficios económicos que se obtengan, a UNICEF España.
El presente libro es una expresión de medido equilibrio y un exponente de pluralidad política, social, cultural y religiosa del Estado Español. El lector encontrará en sus páginas testimonios de destacadas personalidades del período constituyente, así como de la actualidad. 168 autores han unido sus esfuerzos para hacer posible este trabajo en el que se revive el consenso que presidió la elaboración del texto de 1978
En el año 2003 España conmemora el 25 aniversario de la Constitución de 1978. Se trata indudablemente de un acontecimiento de especial trascendencia para la historia de nuestro país, pues no en vano, ha sido el único período constitucional de normalidad y estabilidad política, de vivencia y desarrollo de las libertades, y de reconocimiento unánime internacional por parte de los países y organismos comprometidos con los valores de la libertad y los Derechos Humanos. Todo lo anterior, unido a un dilatado período de vigencia -cinco lustros- merece una atención especial por parte de juristas, politólogos, economistas, filósofos, etc. y testigos cualificados de la fundación, vivencia y desarrollo de las instituciones constitucionales.
Desde inicios del verano de 1936 la sublevación de parte del Ejército contra la República, volvía a abortar un nuevo y vigoroso intento por vertebrar democráticamente la vida política española. Aquel atentado contra la legalidad constituida desembocaba en un conflicto fratricida que gestó la implantación de un régimen político de corte dictatorial, dejando a los españoles sumidos en un período de oscuridad intelectual, política, cultural y económica.
Los esfuerzos españoles por alumbrar un sistema para renovar la arquitectura política y social del Estado los encontramos dos siglos antes.
A lo largo del siglo XIX y en la primera mitad del XX, se redoblaron los intentos de la ciudadanía ilustrada para dotar al país de un sistema institucional articulado sobre principios sólidos y comunes a los demás países de la Europa emancipada. Es indudable que ese camino no era en modo alguno fácil. Jirones de carne quedarían en la singladura, e innumerables vidas habrían de inmolarse en esta senda por conquistar la dignidad y la libertad. Se trataba de superar, rompiendo cuando era necesario, anacrónicos sistemas de gobierno que en poco o nada se compadecían con las exigencias de la justicia y con el legítimo acceso de los hombres y mujeres a convertirse en ciudadanos, abandonando su vieja condición de súbditos. Este cambio, impulsado por postulados filosóficos acrisolados en la Europa de los siglos XVII y XVIII, no podía abrirse camino sin dolor. Aquí la transición implicaba necesariamente ruptura, pues no se trataba de sustituir a un monarca por otro, sino de configurar ex novo la misma esencia del poder, lo que conducía a la desaparición de importantes prerrogativas, y la pérdida de influencia política, y de privilegios sociales y económicos por parte de sectores, que aunque minoritarios en relación con el conjunto, detentaban una posición preeminente con carácter inmemorial. No se trataba siquiera de una revuelta política, sino de una Revolución en toda regla como destaca CAMUS en su Homme revolté1 . Esto explica tanto en España como en las demás naciones del viejo continente, que la lucha por las libertades habría de saldarse con importantes sacrificios.
Los resultados de la historia constitucional fueron desiguales en unos países y en otros. Estados Unidos, la nueva nación que admiraba Tocqueville, recogía la herencia ilustrada anglosajona y el impulso revolucionario francés avant la lettre. Francia asestaba un golpe de muerte al antiguo régimen y habría un camino -no exento de dificultades- que se consolidó cristalizando en lo que los politólogos galos denominan la "tradición republicana". Inglaterra contaba a principios del siglo XIX con una tradición liberal y parlamentaria bastante asentada. Prusia y el Imperio Austro-Húngaro enfrentaban el nacimiento de nuevas naciones al tiempo que incorporaban elementos conquistados por las revoluciones francesa y americana. Italia acometía su construcción nacional protagonizando, desde el principio de este proceso, una verdadera revolución que no sólo hubo de romper con los esquemas políticos del ancien regime, sino también arrostrar un importantísimo debate con la Iglesia Católica y las pretensiones dogmáticas de ésta de mantener una soberanía papal en la nueva Italia.
España abandonaba el siglo XVIII en unas condiciones que hacían propicia la evolución filosófica y política del país. La historia de nuestro constitucionalismo demuestra la suerte desigual que éste experimentó en comparación con las grandes potencias europeas. Las luchas internas eran inevitables, y las intolerancias de un lado y otro no facilitaron una "revolución serena". El país se replegó en sí mismo polarizado por luchas dinásticas y el intento artificial de mantener posiciones de poder incompatibles con las mínimas exigencias democráticas. Las pasiones de "antiguos y modernos" hicieron irreconciliables las voluntades, que huyendo del dictado de la inteligencia, recurrieron a buscar una única solución: "el aniquilamiento del adversario". Estas pasiones ahogaron la luminosidad de la nueva filosofía política y fueron retrasando la incorporación de España a la modernidad, al tiempo que condenaban al pueblo español a una postración política que ha durado hasta 1977.
Yo no me detendré en estas letras en realizar un análisis de las circunstancias que han hecho de nuestro constitucionalismo una historia atribulada, entre otras cosas, porque los estudios sobre la materia son conocidos y algunos autores abordan esta cuestión en este libro. Sin embargo, sí es necesario destacar lo que a mi juicio podrían ser algunas de las claves para la inteligencia del proceso constitucional español.
Nuestras Constituciones han seguido, desde el punto de vista jurídico-técnico, una evolución parangonable a la de otros países de probada tradición democrática. Especialmente creo que merecen ser mencionadas los textos de 1869 y 1933. No se trata pues de un problema de ciencia jurídica, sino de otras circunstancias o condicionamientos lo que ha frenado la construcción de la España moderna.
La evolución de las ideas, la apertura de la sociedad española al pluralismo, si bien ha presentado unos perfiles semejantes a los del resto de Europa, es posible detectar en nuestro país un predominio de lo que, en filosofía política, se ha acordado en llamar "anti-Ilustración"2 . La lucha entre antiguos y modernos, entre revolucionarios y contrarevolucionarios, presidirá en Europa el debate entre modernidad y "tradición". Burke, Maistre y entre nosotros, Donoso Cortés, M. Pelayo y otros, combatirán, no sólo el hecho revolucionario, sino aún más, las ideas que la Revolución encerraba, considerándolas como moral, social y políticamente perniciosas. Estaban convencidos de que el final de un mundo estaba detrás de las nuevas ideas y centraban su contienda contra los Derechos del hombre, la libertad de conciencia y la democracia igualitaria, parangonándolos con la subversión, el libertinaje y la carencia de moral.
Los intentos por el establecimiento de una "educación nacional" fue en nuestro país un loable esfuerzo por hacer llegar a todos la luz de la ciencia y la cultura, y con ellas, la emancipación intelectual que el propio sistema democrático exige, al basarse éste sobre una "metafísica de la subjetividad", es decir, el fortalecimiento del individuo como principal artífice político y social. Si bien contamos en nuestro país con la Ley de Instrucción de Claudio Moyano e importantes ensayos en torno a una educación para la libertad y la democracia, serán loables intentos cuya semilla no se dejará germinar, a diferencia de los proyectos de educación nacional que se implantarían en Francia con el impulso de señeras figuras como Jules FERRY. Asociar educación, cultura , democracia y libertad, era y es una condición para forjar un sistema político, como el democrático, cuya sanidad y vigor se cifra en la calidad de sus ciudadanos.
Hasta 1977, España era un país donde la tutela militar del orden político ha sido una constante. Sin embargo, estas sistemáticas intervenciones no eran siempre -y probablemente mucho menos de lo que se piensa- una decisión espontánea del estamento castrense. La mayoría de los pronunciamientos fueron el recurso fácil de ciertos políticos para conseguir el poder fuera de los cauces institucionales y democráticos. No es este, como se sabe, un fenómeno aislado, especialmente reproducido en Latinoamérica a lo largo del siglo XX.
El grado de lealtad constitucional de las fuerzas políticas quizás no haya sido el mínimo necesario para garantizar la continuidad del sistema democrático. Esta deficiencia asfixió el desarrollo político de la Constitución de 1931 y condujo, como bien es sabido, a una postración que duraría más de ocho lustros.
La Constitución de 1978 fue el resultado de una gran dosis de realismo político. Con la muerte del General Franco en 1975, la sociedad española y la clase política se confrontaban a un desafío crucial. La profunda sensibilidad de la Corona vino a auspiciar la única salida posible en paz, que no era otra que la desarticulación del régimen franquista y la integración de todos en un nuevo proyecto político. Este proyecto habría de comprometerse incondicionalmente con las exigencias de la democracia y de la libertad, primero de los individuos, y segundo, y no menos importante, de los grupos sociales en que se integran, como con certera fórmula recoge el art. 9.2 de la Ley Fundamental de 1978.
El pueblo español, cansado de su servidumbre, era el verdadero artífice del cambio político, y de una forma u otra, la legitimidad popular se habría impuesto, incluso a través de un proceso traumático de rupturismo. Afortunadamente, la altura de miras de unos y otros, la generosidad y la capacidad de consenso, hicieron posible lo que conocemos como "transición a la democracia". Este proceso de evolución política se hizo desde la memoria histórica, cediendo en lo accidental para ganar lo esencial, es decir, dotar al país de un sistema de arquitectura política y jurídica homologable con el resto de los países democráticos.
El proceso de tránsito hubo de saldar deudas de carácter económico, social y legal con quienes en uso legítimo de su libertad habían combatido la dictadura franquista desde el comienzo de ésta en 1936. En este proceso se inscribieron numerosas medidas, no sólo de amnistía política, sino de devolución del patrimonio de partidos y sindicatos, así como el reconocimiento de derechos pasivos y de carrera administrativa, a funcionarios civiles o militares que por su pertenencia a la Administración Repúblicana fueron injusta y gravemente perjudicados . Una vez transcurridos 25 años de Constitución, será conveniente, por ser justo, añadir a las medidas adoptadas, otras de carácter moral, que desagravien, siquiera sea en el plano simbólico, los ultrajes que la dictadura irrogó a instituciones y personas perseguidas, en especial, tras el fin de la guerra civil española.
Esta demostración de realismo político desde posturas otrora irreconciliables, hizo posible el magnánimo espíritu del consenso, aunando a todos en la conquista de las libertades, y devolviendo la soberanía al pueblo español. Este tránsito fue posible y en poco tiempo, a pesar de que la tarea era ardua y extremadamente difícil. Había que encontrar los puntos de encuentro y la voluntad política de construir una convivencia estable para españoles libres, garantizada por un texto como el de 1978.
Nuestra Norma Suprema era el principio de una singladura en y para la libertad. La Constitución de 1978, a diferencia de lo que disponía la ley franquista de Principios del Movimiento Nacional, es por su propia naturaleza modificable en todo o en parte, y así se establece de manera inequívoa en su propio texto.
Frente a los dictados o dogmas impuestos desde fuera que hurtaban al pueblo español la capacidad de decidir por sí mismo, la democracia, garantizada en el Estado de Derecho, no reconoce otro titular del poder que el pueblo. Esta titularidad es un honor, una dignidad recuperada y una responsabilidad irrenunciable que exige un constante debate y un enriquecimiento continuo desde el pluralismo libremente expresado.
El Presidente CALVO-SOTELO, subraya también en este libro la vitalidad propia del sistema democrático de la mano de uno de los revolucionarios y fundadores de la democracia americana : "La dictadura que dejamos en 1977 era una orilla aparentemente sólida y pudimos creer al principio que llegaríamos a otra ribera firme tras la travesía de la transición; pero ya sabemos que no hay otra ribera, que no tenemos que arribar a ninguna situación distinta de la que ahora vivimos, que nos quedaremos siempre en lo que Jefferson llamaba el ruidoso mar de la libertad, the boisterous sea of liberty. Si la dictadura es un ser anclado en su presente la democracia es un permanente devenir."
Lo esencial del sistema democrático es la institucionalización del debate libre y plural en un marco de seguridad jurídica. Todo es discutible en este sistema, y casi todo es posible "cambiarlo", cuando el interés general así lo reclama, teniendo muy en cuenta, que ese "interés general" no puede confundirse con la decisión mayoritaria, ni siquiera unánime, del pueblo, si con ella se atentara contra la base subyacente del sistema, es decir, lo que es nuclear para su propia pervivencia, (Kernelemente) que no es otra cosa que los derechos inalienables de todos, tal y como expresa con gran lucidez la doctrina constitucional alemana.
Hay también que referirse a la memoria social y políticia de la comunidad. La memoria histórica hace recognoscible las realidades presentes y consolida los fundamentos de la evolución futura. Si algo diferencia al ser humano de los que no lo son, es su capacidad de recordar, que le lleva a encontrar el hilo conductor de su existencia personal y también de su identidad colectiva. La Constitución de 1978 es el resultado "superador" de una historia de despropósitos entre españoles que produjeron siniestros frutos. Para valorar en su justa medida los valores, los derechos y las libertades recogidos en su texto, es necesario no olvidar el pasado. Como destaca Raymond ARON "conocer el pasado es una forma de liberarse de él porque sólo la verdad permite asentir o repudiar con total lucidez3" .
Tanto el pasado personal como colectivo pueden y deben ser recordados, pues en esa memoria reflexiva es posible encontrar los referentes históricos sobre los que construir con solidez. No se trata de reabrir heridas ni de revivir ancestrales enfrentamientos, eso sería un signo inequívoco de inmadurez humana y política, pero sí es necesario saber lo que ocurrió, los porqués de las posiciones enfrentadas, los modus operandi que degradaron a unos y a otros, y en el caso español, tener la clara consciencia de que la Constitución de 1978 no sólo vino a superar magistralmente diferencias irreconciliables y a restañar heridas, sino que al mismo tiempo fue el triunfo del pueblo español sobre una etapa de usurpación del poder y de violaciones permanentes de los derechos humanos.
Una democracia no puede ocultar las realidades históricas o desfigurarlas, sino es incumpliendo su deber de transparencia e información veraz y objetiva. La educación desempeña un papel crucial en la preservación de los valores constitucionales, y para que las nuevas generaciones de ciudadanos de España estimen, aprecien y defiendan esos valores, hay que explicarles con claridad y sin dramatismos, la génesis del proceso de democratización. De otro modo, se romperá la continuidad axiológica que es el alma del sistema constitucional, su espíritu, parafraseando Charles de Secondat. Creo que en este punto no puede haber indiferencias. La Constitución de 1978 inaugura una nueva época en la historia de nuestro país incorporándolo a la modernidad. La modernidad tiene también su "tradición" muy distinta de aquella fruto de la ignorancia o de la superstición4. Esa tradición se construye día a día, comenzando por la educación y continuando con la experiencia que se extrae de la praxis política, social y cultural. "La libertad, como afirma entre nosotros LÓPEZ DE LERMA, ni existe ni se consolida porque se enuncie en un texto legal, sino porque se interioriza entre la ciudadanía y se exterioriza en sus hábitos".
El acervo axiológico -político y filosófico- de nuestra libertad conquistada, ha de defenderse de todo intento de "transgenismo", si se me permite tomar el término prestado de la biología. En una sociedad multicultural, con grupos diversísimos, resultado en gran parte de los flujos migratorios, es preciso no regatear esfuerzos para alcanzar la integración de todos en un proyecto común. En este proceso de integración se producirá un enriquecimiento cultural recíproco pero con la condición de que elementos culturales incompatibles con la libertad y los valores constitucionales, no vean franqueada su entrada, pues ello pondría en peligro nuestro sistema político y jurídico conquistado por y para los hombres y las mujeres del mundo libre.
Nos hemos adentrado en el segundo milenio y debemos hacer balance para mantener las conquistas de la Humanidad sin olvidar que para consolidarlas es necesario no abandonar ese espíritu de firmeza y rebeldía que siempre ha estado unido a ellas. Frederic DOUGLASS, abolicionista americano y consejero de Abraham LINCOLN, tenía muy clara la necesidad de este espíritu de rebeldía para progresar en el campo de los derechos y libertades: "Los que profesan estar por la libertad y deploran la agitación son como campesinos que aguardan la cosecha sin antes haber trabajado sus campos". También Thomas PAINE, refiriéndose a la defensa de los Derechos Humanos afirmará que "La moderación en el temperamento es siempre una virtud; en los principios, es siempre un vicio" (Los derechos del hombre 1792). En este mismo orden, continúa DOUGLASS diciendo que "La historia del progreso de la libertad humana nos muestra que todas las concesiones hechas a sus augustos principios han sido el resultado de una lucha tenaz". Este combate es el motor de la Constitución ya que ésta ha establecido lo que Jefferson llamaba el ruidoso mar de la libertad, como antes he referido. El sistema es en sí mismo un método estable para el progreso político y su consiguiente y abierta configuración jurídica, de ahí que los temores a la "agitación en y desde la Constitución" no debieran escandalizar más que a espíritus limitados.
Al mismo tiempo no podemos descuidar en nuestras sociedades libres un continuo desvelo por mantener en la ciudadanía, especialmente en los niños y en los más jóvenes, un continuo "aprendizaje" en la cultura de la libertad. La educación y la cultura son instrumentos necesarios para una sociedad libre de ámbito universal. Pero no se trata de cualquier educación o cultura, sino sólo de aquella - parafraseando a TOMÁS Y VALIENTE ("A orillas del Estado" El uso de la libertad)- que enseña la Libertad no como algo inerte o ajeno sino como la transmisión de un conocimiento práctico, que permite al hombre examinar sin miedo y sin imposiciones las realidades del mundo en que vive sin tener que aceptar ideas o "verdades" que previamente no hayan sido sometidas a examen. De lo contrario podríamos encontrarnos, y de hecho los encontramos, con individuos "falsamente ilustrados", posiblemente cultos y excelentes profesionales, pero pobres de espíritu, personajes a los que François Marie Arouet calificaría en la última edición de su Diccionario Filosófico, como "esprits faux", inteligencias y espíritus cautivos, espíritus con miedo a la Verdad, con una capacidad crítica disminuida o parcialmente anulada, que admiten sin previo examen supuestas verdades o dogmas. Personas de esta índole son proclives a los fundamentalismos e integrismos de todo género y, por ende, a desconocer la rica multiplicidad que se deriva de los derechos y libertades de "los otros", de la "metafísica de la subjetividad" en la que se fundamenta el sistema democrático.
Veinticinco años después, España presenta un modelo de convivencia renovado basado en la dignidad del ser humano y en el compromiso ciudadano. Las Instituciones Políticas y Jurídicas previstas en la Constitución de 1978 han cumplido su función intentando dar respuesta a los múltiples problemas y desafíos que plantea nuestra moderna sociedad. La configuración territorial del Estado, garantizada en el art. 2 de nuestra Norma Suprema, ha evolucionado dotando de normalidad jurídica y política a las relaciones interterritoriales de una España plural. Con esto quiero decir que disponemos de un camino para dar respuesta satisfactoria a la descentralización política y administrativa de las Nacionalidades, Regiones y las entidades locales sin romper la vertebración jurídica y política del Estado.
Bajo los auspicios de la Corona, la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, ha dado muestras de prudencia y audacia al mismo tiempo. Se han acometido y realizado proyectos pendientes desde el siglo XIX, y España ha recuperado una nueva visión universal incorporándose a los constructores de un mundo libre, igual, justo y plural. De cara al porvenir, la Constitución de 1978 contiene recursos suficientes para abordar los problemas de nuestra moderna sociedad y por eso merece que todos seamos capaces, en el espíritu de 1978, de asumir nuestro compromiso constitucional
Por concluir con estas breves reflexiones me permito formular algunos puntos, a modo de sugerencia para el debate:
Mejorar la calidad de nuestra democracia aumentando la participación ciudadana de una manera continuada, sirviéndose al efecto de los medios que proporcionan las nuevas tecnologías.
Combatir la "anestesia" cultural, social y política que puede acechar a muchos ciudadanos. Entre los medios de combate están principalmente una educación de calidad, democrática, y comprometida con los valores de la propia Constitución, así como una prensa más plural y objetiva.
La excelencia de los servicios públicos como ejemplo modélico de la acción política y de la eficacia administrativa.
Una reforma en profundidad del Senado como Cámara de representación territorial a fin de normalizar y perfilar el modelo territorial de España, recogiendo las legítimas aspiraciones de todos los territorios del Estado en el marco del art. 2. de la Constitución.
Prestar una atención especial a la reforma de la Justicia, dotándola de medios humanos y materiales suficientes, y continuar la agilización de los procesos y trámites judiciales.
Preservación e impulso de las conquistas sociales propias de un Estado inequívocamente social como el nuestro.
Construcción de una axiología constitucional, que prime los valores democráticos, la libertad de conciencia, la solidaridad, el sentido de la justicia, y configure un thesaurus ético, que aunque pueda ser parcialmente coincidente, mantenga su independencia respecto de cualquier confesión religiosa.
Concluyo estas páginas formulando votos para que España, desde su compromiso con los valores subyacentes de la Constitución, tenga horizontes y no se conforme sólo con tener futuro, y en ese horizonte, la concordia, la paz y la tolerancia presidan las relaciones entre los seres humanos de este país.
Manuel Balado.
Catedrático "Maurice Hauriou" de Droit Public.
Presidente del institut International des Sciences Politiques (www.politicas-e.net).
1 "Cést une révolte? - Non, Sire, c'est une révolution" (Diálogo atribuido a Luis XVI y al Duque de la Rochefoucauld-Liancourt ante la noticia de la toma de la Bastilla. A. CAMUS. L'homme révolté III.
2 Vid. BERLIN I. Vico and Herder. Two studies in the History of ideas. London, Chatto&Windus, 1976. También conviene tener en cuenta: LILLA M. The Marking of anti.modern, Cambridge. Harvar University Press. 1993.
3 ARON, Raymond: "Connaître le passé est un manière de s'en libérer puisque suele la vérité permet de donner assentiment o refus en toute lucidité" Dimensions de la conscience historique III, 7.
4 Vid. MONTESQIEU. "l'ignorance est la mère des traditions" en Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, I. Bid también TIERNO GALVÁN, E.: Tradición y modernismo, Tecnos, M. 1962
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